RUMBO AL 2012 6 DE FEBRERO

EFECTOS DEL COMBATE A LA IMPUNIDAD
Alberto Amador Leal

Desde hace décadas no se emprendía, en Puebla, una confrontación directa en contra de presuntos actos de corrupción e impunidad. En los cambios de poderes de las últimas dos décadas del siglo XIX, asistimos a la confrontación de dos corrientes locales que expresaban, a su vez, la contienda nacional por el poder: Por un lado Porfirio Díaz y por otro Sebastián Lerdo de Tejada, que buscaba la reelección como heredero del movimiento de Juárez.

Finalmente triunfa la Revolución de Tuxtepec de Díaz apoyada en Puebla por el Partido de la Montaña y, asume el poder Juan N Méndez, uno de los tres Juanes. La batalla continúa entre renuncias y persecuciones de unos y otros como fue el caso de Rosendo Márquez y Mucio P. Martínez.

En los años 30 la confrontación entre Leónides Andrew Almazán y José Mijares Palencia tuvo también, como fondo, las constantes acusaciones, amagos y persecuciones entre unos y otros.

En el largo periodo del avilacamachismo, los ajustes de cuentas fueron contra los opositores al régimen, el cambio de mando entre personas y grupos se mantuvo fiel al histórico pacto de honor de 1939 entre Maximino, los diputados locales y la clase política hasta que se agotó en la crisis de los sesenta.

Del gobierno, desde el doctor Toxqui hasta Mario Marín, el cobro de facturas fue menor. Quienes contendieron por el gobierno del estado fueron asimilados o prudentemente se alejaron de la vida pública. El único caso notable refiere a la recuperación de la reserva Atlixcáyotl ejecutada por   don Manuel Bartlett que, al final, se realizó de manera consensuada entre las partes; sin necesidad de iniciar procesos judiciales.

Más allá de los típicos ajustes de cuentas, el gobierno de la alternancia ha decidido enfrentar el problema de la impunidad y la corrupción, al parecer, desde una perspectiva diferente. La aplicación simple de la ley número 15 de Roberto Green que mandata “aplastar al enemigo”, no parece suficiente para explicar la dinámica de los hechos.

Más bien se perciben, por lo menos. cuatro factores que inciden, de una u otra manera, en el proceso en curso:

1).- El reclamo , nacional y local, de castigar la que ha sido calificada como inaceptable impunidad del anterior régimen, emblematizada por el caso Lydia Cacho
2).- El imperativo del titular del poder ejecutivo de imponer nuevos paradigmas en la conducción política del estado; con vistas a proyectos de largo plazo

3).- La decisión del gobierno federal de catalizar las indagaciones en contra de los ex gobernadores del PRI, como estrategia de la lucha político electoral, rumbo a la elección presidencial; y, finalmente,

4).- Sí, el cobro de agravios después de una campaña polarizada, en la que la mayoría de los medios -azuzados por el poder en turno- jugaron un papel protagónico en contra de quien hoy gobierna el estado.

La decisión política y el proceso mismo seguramente están matizados por estos factores, lo cierto es que se trata de una medida de gran impacto nacional y local. El hecho de que se haya utilizado la figura de “enriquecimiento inexplicable”- no aplicada ni por Fox ni, hasta ahora, por Calderón, sí por el Gobernador Sabines, impone una diferencia notable y un efecto político diferente, en tanto que se trata de una medida que inevitablemente nos trae a la mente los procedimientos míticos de   Robespierre.

Cuidar, entonces, la forma y el fondo se vuelve más que imprescindible. Para trascender los apremios de la coyuntura político electoral, e imprimir a esta dramática determinación una visión de estado; habrá que asegurar en todo momento   la legalidad de los procesos y el respeto a los derechos humanos de terceros que pudieran ser real o inductivamente involucrados. Otro tema crucial tiene que ver con la obtención y uso de información privilegiada: El descontrol, y aún al abuso, suelen generar fenómenos perniciosos que, a la larga, se vuelven en contra de los fines superiores de procesos tan complejos, tanto como de los proyectos políticos de mediano y largo plazo.